El Ministerio Público aprecia indicios de un posible delito de prevaricación en el cambio de uso de 290 hectáreas forestales en Tabernas
 |
| José Manuel Ortiz, socialista almeriense y delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. |
EUROPA PRESS / 20·04·2015
La Fiscalía ha solicitado que se cite a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación al delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, el socialista José Manuel Ortiz Bono, por presuntas irregularidades en la tramitación del cambio de uso de forestal a agrícola de una superficie total de 289,5 hectáreas en el municipio de Tabernas.
La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción 1 de la capital, y señala que el examen de los tres expedientes tramitados a instancias de la mercantil Gespater S.L.U.entre enero y junio de 2013 «evidencian irregularidades y omisiones que hacen precisa» la incoación de diligencias previas para determinar si los hechos pudieran constituir un «delito de prevaricación».
La Fiscalía considera que la autorización de cambio de uso de suelo hubiese precisado de autorización unificada ambiental de acuerdo a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental ya que, según se desprende de la memoria técnica, «la explotación iba a ser de regadío aunque posteriormente se modificase la solicitud inicial a olivar de secano», según matiza.
Rechaza, así, lo sostenido por los técnicos de la Delegación en un informe que le requirió el propio Ministerio Público en el marco de su investigación y en el que decían que la autorización unificada ambiental sólo es precisa cuando lo que se va a autorizar supone «la eliminación de cubierta vegetal arbustiva», una premisa que en este caso no se daría «al no incluir en ese concepto las especies de matorral».
En concreto, la Fiscalía remarca que la consideración de los técnicos de Medio Ambiente sobre la «vegetación natural existente» antes de la transformación de suelo es «estimativa», ya que no se realizó visita a la «mayor parte de los terreno» afectados y «no se efectuó ningún informe sobre el tipo de vegetación existente en las parcelas» sobre las que se pronunciaron «dos de los tres expedientes».
Alude, en este punto, a que el tercero de los expedientes y último incoado sí incluyó inspección a las parcelas, y sí detectó «la presencia de una especie protegida bajo la categoría de vulnerable que exigió que la resolución que autorizaba el cambio de uso estableciese condiciones para su salvaguarda».
«No es posible conocer en ese momento si la referida especie estaba también presente en las parcelas a las que afectaba los otros dos expedientes porque en aquellos no se emitió ningún informe sobre ello. Ni siquiera en la memoria técnica que aporta el solicitante se hace referencia alguna a las especies existentes en la parcela en cuestión», manifiesta.
Resoluciones favorables sin informes técnicos
Con respecto a los dos expedientes cuestionados, la Fiscalía apunta la necesidad de indagar en el hecho de que dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación, cuyas declaraciones en calidad de imputados solicita, «efectuasen propuestas de resolución autorizando el cambio de uso sin los informes sobre repercusión en los hábitats naturales de interés y sobre la posible presencia de especies amenazadas de flora y fauna» en los suelos afectados.
En uno de los casos, reprocha que el jefe de servicio lo hiciese así cuando «él mismo había solicitado» los preceptivos informes y, en el otro caso, le reprocha a la jefa de servicio que, además, obviase presuntamente que tampoco tenía informe sobre la afección a vías pecuarias de lo solicitado. Estas propuestas de resolución autorizando el cambio de uso fueron aprobadas por el delegado territorial en fechas 20 de mayo de 2013 y 15 de junio de 2013.
Otra de las supuestas irregularidades en las que se habrían incurrido pasa, según recoge la denuncia, por que, de acuerdo a la normativa vigente, la competencia para dictar la resolución autorizando este cambio de uso para una plantación de olivos «no hubiese correspondido al delegado territorial sino a la Dirección General del Medio Natural».
La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de un escrito del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) en el que se indicaba que las tres resoluciones por las que la Junta autorizó el cambio de uso de suelo podrían incurrir en ilícito penal «al haberse fragmentado la autorización en tres expedientes sobre extensiones ligeramente inferiores a las 100 hectáreas para evitar la emisión del preceptivo informe de impacto ambiental».
La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción 1 de la capital, y señala que el examen de los tres expedientes tramitados a instancias de la mercantil Gespater S.L.U.entre enero y junio de 2013 «evidencian irregularidades y omisiones que hacen precisa» la incoación de diligencias previas para determinar si los hechos pudieran constituir un «delito de prevaricación».
La Fiscalía considera que la autorización de cambio de uso de suelo hubiese precisado de autorización unificada ambiental de acuerdo a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental ya que, según se desprende de la memoria técnica, «la explotación iba a ser de regadío aunque posteriormente se modificase la solicitud inicial a olivar de secano», según matiza.
Rechaza, así, lo sostenido por los técnicos de la Delegación en un informe que le requirió el propio Ministerio Público en el marco de su investigación y en el que decían que la autorización unificada ambiental sólo es precisa cuando lo que se va a autorizar supone «la eliminación de cubierta vegetal arbustiva», una premisa que en este caso no se daría «al no incluir en ese concepto las especies de matorral».
En concreto, la Fiscalía remarca que la consideración de los técnicos de Medio Ambiente sobre la «vegetación natural existente» antes de la transformación de suelo es «estimativa», ya que no se realizó visita a la «mayor parte de los terreno» afectados y «no se efectuó ningún informe sobre el tipo de vegetación existente en las parcelas» sobre las que se pronunciaron «dos de los tres expedientes».
Alude, en este punto, a que el tercero de los expedientes y último incoado sí incluyó inspección a las parcelas, y sí detectó «la presencia de una especie protegida bajo la categoría de vulnerable que exigió que la resolución que autorizaba el cambio de uso estableciese condiciones para su salvaguarda».
«No es posible conocer en ese momento si la referida especie estaba también presente en las parcelas a las que afectaba los otros dos expedientes porque en aquellos no se emitió ningún informe sobre ello. Ni siquiera en la memoria técnica que aporta el solicitante se hace referencia alguna a las especies existentes en la parcela en cuestión», manifiesta.
Resoluciones favorables sin informes técnicos
Con respecto a los dos expedientes cuestionados, la Fiscalía apunta la necesidad de indagar en el hecho de que dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación, cuyas declaraciones en calidad de imputados solicita, «efectuasen propuestas de resolución autorizando el cambio de uso sin los informes sobre repercusión en los hábitats naturales de interés y sobre la posible presencia de especies amenazadas de flora y fauna» en los suelos afectados.
En uno de los casos, reprocha que el jefe de servicio lo hiciese así cuando «él mismo había solicitado» los preceptivos informes y, en el otro caso, le reprocha a la jefa de servicio que, además, obviase presuntamente que tampoco tenía informe sobre la afección a vías pecuarias de lo solicitado. Estas propuestas de resolución autorizando el cambio de uso fueron aprobadas por el delegado territorial en fechas 20 de mayo de 2013 y 15 de junio de 2013.
Otra de las supuestas irregularidades en las que se habrían incurrido pasa, según recoge la denuncia, por que, de acuerdo a la normativa vigente, la competencia para dictar la resolución autorizando este cambio de uso para una plantación de olivos «no hubiese correspondido al delegado territorial sino a la Dirección General del Medio Natural».
La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de un escrito del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) en el que se indicaba que las tres resoluciones por las que la Junta autorizó el cambio de uso de suelo podrían incurrir en ilícito penal «al haberse fragmentado la autorización en tres expedientes sobre extensiones ligeramente inferiores a las 100 hectáreas para evitar la emisión del preceptivo informe de impacto ambiental».
