José Cara (PP) declarará ante el juez el próximo 17 de abril junto a otros cuatro ediles de la localidad
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| El alcalde de La Mojonera, José Cara, en una intervención en el Parlamento andaluz. |
EUROPA PRESS/ 08·04·2015
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de El Ejido ha citado a declarar en calidad de imputado al alcalde de La Mojonera, José Cara (PP). La providencia cita a los querellados —incluyendo a otros cuatro ediles de la localidad— a las 10:00 horas del día 17 de abril, y emplaza un día antes a los cuatro querellantes en la causa.
Esta citación se produce en el marco de la investigación iniciada a raíz de la querella impulsada por el PSOE ante una presunta malversación de fondos públicos. Los socialistas interpusieron la denuncia ante el TSJA en septiembre del año pasado, antes de que José Cara perdiera su condición de aforado como parlamentario andaluz a raíz de la ley de incompatibilidades, lo que le llevó a renunciar a su cargo en la Cámara autonómica.
La querella achacaba al alcalde la comisión de presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento público y malversación, a raíz de siete expedientes por actividades mantenidas por el Ayuntamiento con las empresas Gesponiente y Alcosan, filiales del grupo Hispano Almería, y también con la empresa Coalsa, por otro lado.
En la denuncia se indica que, en el año 2005, Cara compró acciones de Gesponiente, un hecho que «debía haber incluido» en las declaraciones de bienes y actividades presentadas tanto en el Ayuntamiento de La Mojonera como en el Parlamento de Andalucía, pero que «no figura en ninguna de ellas».
Con esta compra, Cara pasó a ser accionista de una empresa que «se beneficiaría posteriormente de dos operaciones firmadas con el Ayuntamiento», como son la enajenación de una parcela municipal en el sector 1, adjudicada por 255.846 euros, y la permuta de unos terrenos municipales por otros de esta empresa, valorados ambos en 840.000 euros. «Se da la circunstancia de que Gesponiente había comprado los terrenos que permutó con el Ayuntamiento apenas unos meses antes, con un valor catastral de 300.506 euros, de modo que esta operación supuso importantes ganancias para la empresa», han apuntado.
ADJUDICACIÓN DE OBRAS
Además de estas dos operaciones, la querella también señala las «irregularidades» presuntamente cometidas por el alcalde en la adjudicación de cinco obras municipales realizadas por Construcciones Almería SA (Coalsa) y Construcciones Alcosan Almería SL, esta última filial del grupo Hispano Almería.
En concreto, se trata de las obras de adecuación y mejora del Centro Cultural, adjudicadas por 605.849 euros, así como el complejo deportivo de la calle Rosaleda, adjudicado por 296.000 euros. También el Museo de la Agricultura, adjudicado por 172.850 euros, el Centro de Usos Múltiples, que costó 738.336 euros, y la reconversión medioambiental del Recinto Ferial por otros 700.358 euros.
«Estas cinco obras fueron adjudicadas con informes desfavorables de la secretaria del Ayuntamiento, del interventor municipal o de ambos, que advirtieron que no se podían licitar los trabajos porque no estaba acreditado que los terrenos fueran de propiedad municipal y porque, en algún caso, incluso no existía disponibilidad presupuestaria». Pese a estos reparos, el alcalde adjudicó las obras, lo que a juicio de los denunciantes constituiría un caso de prevaricación penal.
Esta citación se produce en el marco de la investigación iniciada a raíz de la querella impulsada por el PSOE ante una presunta malversación de fondos públicos. Los socialistas interpusieron la denuncia ante el TSJA en septiembre del año pasado, antes de que José Cara perdiera su condición de aforado como parlamentario andaluz a raíz de la ley de incompatibilidades, lo que le llevó a renunciar a su cargo en la Cámara autonómica.
La querella achacaba al alcalde la comisión de presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento público y malversación, a raíz de siete expedientes por actividades mantenidas por el Ayuntamiento con las empresas Gesponiente y Alcosan, filiales del grupo Hispano Almería, y también con la empresa Coalsa, por otro lado.
En la denuncia se indica que, en el año 2005, Cara compró acciones de Gesponiente, un hecho que «debía haber incluido» en las declaraciones de bienes y actividades presentadas tanto en el Ayuntamiento de La Mojonera como en el Parlamento de Andalucía, pero que «no figura en ninguna de ellas».
Con esta compra, Cara pasó a ser accionista de una empresa que «se beneficiaría posteriormente de dos operaciones firmadas con el Ayuntamiento», como son la enajenación de una parcela municipal en el sector 1, adjudicada por 255.846 euros, y la permuta de unos terrenos municipales por otros de esta empresa, valorados ambos en 840.000 euros. «Se da la circunstancia de que Gesponiente había comprado los terrenos que permutó con el Ayuntamiento apenas unos meses antes, con un valor catastral de 300.506 euros, de modo que esta operación supuso importantes ganancias para la empresa», han apuntado.
ADJUDICACIÓN DE OBRAS
Además de estas dos operaciones, la querella también señala las «irregularidades» presuntamente cometidas por el alcalde en la adjudicación de cinco obras municipales realizadas por Construcciones Almería SA (Coalsa) y Construcciones Alcosan Almería SL, esta última filial del grupo Hispano Almería.
En concreto, se trata de las obras de adecuación y mejora del Centro Cultural, adjudicadas por 605.849 euros, así como el complejo deportivo de la calle Rosaleda, adjudicado por 296.000 euros. También el Museo de la Agricultura, adjudicado por 172.850 euros, el Centro de Usos Múltiples, que costó 738.336 euros, y la reconversión medioambiental del Recinto Ferial por otros 700.358 euros.
«Estas cinco obras fueron adjudicadas con informes desfavorables de la secretaria del Ayuntamiento, del interventor municipal o de ambos, que advirtieron que no se podían licitar los trabajos porque no estaba acreditado que los terrenos fueran de propiedad municipal y porque, en algún caso, incluso no existía disponibilidad presupuestaria». Pese a estos reparos, el alcalde adjudicó las obras, lo que a juicio de los denunciantes constituiría un caso de prevaricación penal.
