Argumenta que la competencia corresponde del Gobierno andaluz tras la declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural
 |
| El Cortijo del Fraile que inspiró la obra lorquiana 'Bodas de sangre', en estado de ruina. |
EUROPA PRESS/ 13·04·2015
El Ayuntamiento de Níjar ha archivado el expediente por el que, en 2013, declaró en ruina el Cortijo del Fraile, ya que la competencia para la «conservación, mantenimiento y custodia del inmueble corresponde a la Junta de Andalucía» por estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
En una resolución dictada la pasada semana, el Consistorio nijareño da carpetazo a las actuaciones contra la propietaria del Cortijo del Fraile, la mercantil Agrícola Mar Menor, que inició para dar cumplimiento de un auto judicial de medidas cautelares que fue revocado a posteriori por el TJSA, que eximió al Ayuntamiento de su responsabilidad.
En concreto, tal y como remarca el Consistorio para justificar el archivo, el fin de declarar la ruina era el de instar a la propietaria a que, en el plazo de un año, acometiese obras de consolidación y reparación del BIC, y estas actuaciones le estarían «vedadas» como administración de acuerdo a lo dictaminado por el TSJA, y en virtud de lo que estipula la Ley de Patrimonio de Andalucía.
Alude a que, según esto, no puede ejecutar obras de «cualquier tipo sobre bienes que han sido catalogados como BIC», y acuerda dar traslado del archivo a la Junta de Andalucía, a la que conmina a que «ejerza sus competencias ante la imposibilidad de esta administración para adoptar medida alguna en esta materia».
El Ayuntamiento de Níjar ordenó en noviembre de 2013 a la mercantil propietaria del Cortijo del Fraile que acometiese las obras para la consolidación y reparación del inmueble, y le dio también un máximo de 30 días para presentar el proyecto de actuación al tratarse de un BIC en el marco de la declaración legal de ruina del inmueble.
Estado del proceso legal
En la actualidad, la Junta de Andalucía está a la espera de respuesta después de que haya solicitado al propietario del Cortijo del Fraile que complete la documentación que presentó en marzo, y en la que plantea un proyecto para consolidar el inmueble ante su avanzado estado de deterioro.
El requerimiento emitido a principios de la pasada semana insta a la empresa Agrícola Mar Menor a completar determinados aspectos técnicos relacionados con el recalce de la cimentación y la reparación de la estructura de la torre del campanario.
La sociedad entregó el pasado 20 de marzo un proyecto propio redactado a fin de, al menos, consolidar la fachada principal y la capilla del edificio después de que la Administración autonómica reclamara estas actuaciones. Ahora, la entidad cuenta con un plazo de diez días a partir de la recepción del requerimiento para remitir la información solicitada.
Según Agrícola Mar Menor, el proyecto propuesto es más «ambicioso» que el exigido por la Junta, puesto que recoge actuaciones por 120.000 euros frente al proyecto propio con el que el Gobierno andaluz podría actuar de manera subsidiaria, que valora las actuaciones en 44.000 euros.
Pese a su predisposición a actuar sobre el BIC, la propietaria mantiene su interés en que la Administración autonómica conteste a la propuesta de cesión de uso gratuita que lanzó ya hace un año y sobre la que el Gobierno andaluz no se ha pronunciado de manera oficial.
En una resolución dictada la pasada semana, el Consistorio nijareño da carpetazo a las actuaciones contra la propietaria del Cortijo del Fraile, la mercantil Agrícola Mar Menor, que inició para dar cumplimiento de un auto judicial de medidas cautelares que fue revocado a posteriori por el TJSA, que eximió al Ayuntamiento de su responsabilidad.
En concreto, tal y como remarca el Consistorio para justificar el archivo, el fin de declarar la ruina era el de instar a la propietaria a que, en el plazo de un año, acometiese obras de consolidación y reparación del BIC, y estas actuaciones le estarían «vedadas» como administración de acuerdo a lo dictaminado por el TSJA, y en virtud de lo que estipula la Ley de Patrimonio de Andalucía.
Alude a que, según esto, no puede ejecutar obras de «cualquier tipo sobre bienes que han sido catalogados como BIC», y acuerda dar traslado del archivo a la Junta de Andalucía, a la que conmina a que «ejerza sus competencias ante la imposibilidad de esta administración para adoptar medida alguna en esta materia».
El Ayuntamiento de Níjar ordenó en noviembre de 2013 a la mercantil propietaria del Cortijo del Fraile que acometiese las obras para la consolidación y reparación del inmueble, y le dio también un máximo de 30 días para presentar el proyecto de actuación al tratarse de un BIC en el marco de la declaración legal de ruina del inmueble.
Estado del proceso legal
En la actualidad, la Junta de Andalucía está a la espera de respuesta después de que haya solicitado al propietario del Cortijo del Fraile que complete la documentación que presentó en marzo, y en la que plantea un proyecto para consolidar el inmueble ante su avanzado estado de deterioro.
El requerimiento emitido a principios de la pasada semana insta a la empresa Agrícola Mar Menor a completar determinados aspectos técnicos relacionados con el recalce de la cimentación y la reparación de la estructura de la torre del campanario.
La sociedad entregó el pasado 20 de marzo un proyecto propio redactado a fin de, al menos, consolidar la fachada principal y la capilla del edificio después de que la Administración autonómica reclamara estas actuaciones. Ahora, la entidad cuenta con un plazo de diez días a partir de la recepción del requerimiento para remitir la información solicitada.
Según Agrícola Mar Menor, el proyecto propuesto es más «ambicioso» que el exigido por la Junta, puesto que recoge actuaciones por 120.000 euros frente al proyecto propio con el que el Gobierno andaluz podría actuar de manera subsidiaria, que valora las actuaciones en 44.000 euros.
Pese a su predisposición a actuar sobre el BIC, la propietaria mantiene su interés en que la Administración autonómica conteste a la propuesta de cesión de uso gratuita que lanzó ya hace un año y sobre la que el Gobierno andaluz no se ha pronunciado de manera oficial.
