El Seprona ya denunció en 2003 la situación irregular de las edificaciones y, pese a ello, se construyeron y se pusieron a la venta
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| Las viviendas ya estaban totalmente desmanteladas en el momento de su demolición. |
C. GARCÍA MELLADO - EUROPA PRESS / 19·11·2014
Polvo y cascotes es lo que ha quedado tras el derribo de las viviendas ilegales propiedad de dos familias británicas construidas en el paraje Las Terreras de Cantoria. La acción de las máquinas retroexcavadoras llega tras un proceso largo cargado de irregularidades y despropósitos. Todo se inició en 2003, cuando el Seprona denunció la condición ilegal de los inmuebles por ubicarse en terrenos rústicos no urbanizables. Un hecho que ni el entonces alcalde, ni el constructor tomaron en cuenta para la paralización de las obras que, si bien contaban con expedientes sancionadores abiertos, fueron terminadas en 2004 y después vendidas a compradores de buena fe. Este martes el episodio terminó con dos familias sin vivienda y a la espera de cobrar una compensación económica prometida y que no llega.
Las máquinas comenzaron los trabajos al mediodía del martes bajo la mirada de políticos, medios de comunicación y ciudadanos contrarios a la decisión de la Audiencia Provincial. En el momento del derribo, los inmuebles no estaban habitados. «No contaban con enseres domésticos, estaban completamente desmantelados, sin puertas, sin ventanas y sin instalaciones», según explicaron desde la dirección del proyecto de demolición. Las casas obtuvieron en su día agua y luz por mediación del ex alcalde de Cantoria «otra irregularidad más», según las mismas fuentes, puesto que las edificaciones se hicieron en terreno rústico no urbanizable, «sin proyecto y con una calidad pésima en sus materiales».
Las mismas fuentes apuntaron que las viviendas se podrían haber legalizado amparándose en la reforma de la LOUA, si bien cuestionaron la impunidad de la que pueden beneficiarse aquellos, políticos y constructores, que han cometido delitos urbanísticos. «A un niño que se porta mal, se le avisa de que no lo haga. Si repite ese comportamiento, qué hacemos al final, le castigamos, o le damos la palmadita y lo dejamos pasar».
Cabe recordar que la demolición de estas viviendas forma parte del tenor de la sentencia de mayo de 2012 que condenó al ex alcalde de Cantoria, Pedro Llamas, a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación por falsedad en documento público «con sello oficial» del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas construidas en suelo no urbanizable y también condenado por omisión del deber de perseguir delito, por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad. También se impuso pena al promotor, al que se declaró responsable civil.
El derribo concluyó sin incidentes, a pesar de que hasta el lugar se desplazaron numerosas personas pro legalización. «No ha habido incidentes, a pesar de que esperábamos cierta hostilidad, nadie ha opuesto resistencia y no ha habido violencia alguna contra los trabajadores», explicaron desde la empresa encargada de la demolición.
Por su parte, el abogado de los perjudicados pidió a la Audiencia Provincial la paralización del derribo por «razones humanitarias», ya que ninguno de los propietarios ha percibido la indemnización fijada por vía judicial en más de 789.000 euros por ser compradores de buena fe.
Asimismo, la portavoz de la asociación «Abusos Urbanísticos Almanzora-No» (AUAN), que agrupa a la mayoría de los dueños de las 13.000 viviendas fuera de ordenación que se contabilizan en la provincia almeriense, Maura Hillen, calificó la jornada como «de vergüenza para el Estado español» que, según remarcó, «permite el derribo de la propiedad de ciudadanos que compraron de buena fe y que no han recibido aún indemnización».
Hillen aseguró que la medida ha generado «miedo y mucha incertidumbre» en los socios de AUAN inmersos como terceros perjudicados en procedimientos penales por delitos contra la ordenación del territorio y ha criticado que en el ámbito político «se nos dé esperanzas para luego proceder así». «No necesitamos más promesas de los gobiernos sino que necesitamos un cambio en el Código Penal para garantizar que no se demuele si el perjudicado no ha recibido la indemnización», ha remarcado.
Según explicó a Europa Press el asesor legal de AUAN, Gerardo Vázquez, la jornada se desarrolló en un contexto de tranquilidad ya que desde la asociación han decidido «no manifestarnos más y actuar para pedir realidades» y subrayó el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora que, con su presidente, Ramón Salas, leyó un manifiesto dirigido a la Junta de Andalucía en el que destacaban que «este no es el camino» y abogaban «por el respeto a los derechos humanos».
Vázquez, quien definió como «un clamor social» la repercusión que las demoliciones están teniendo en el Valle del Almanzora y en el Reino Unido, de donde proceden la mayoría de los afectados, reclamó que se «resuelva el problema de una vez sin medias tintas» y advertió del «goteo de demoliciones y desprestigio para España como lugar seguro para invertir» si no se adoptan «soluciones radicales».
Demolición prevista en 2013
El derribo de estas edificaciones fue paralizado por el Ayuntamiento de Cantoria en octubre de 2013 después de que sí se llevase a cabo la demolición de otras dos, levantadas en el mismo tiempo y por idéntico promotor en la parcela colindante, en cumplimiento de esta misma sentencia, que condenaba al constructor a indemnizar a los compradores de buena fe.
Para paralizar e incoar a un expediente administrativo sancionador contra la Junta de Andalucía por la demolición de estas otras dos edificaciones el Consistorio alegó que no constaba la existencia de un «documento técnico de derribo» que «garantizase la seguridad tanto de operarios como transeúntes» ni una «declaración de innecesariedad de licencia» municipal para esta actuación. La orden se revocó tres semanas después cuando la Junta llevó a la Fiscalía la actuación municipal.
Una vez la sentencia ejecutada este martes devino en firme, se fijó la responsabilidad civil en 789.000 euros pero, que desde ese momento de la ejecución del fallo, «no se ha producido ningún movimiento ni se ha consignado ninguna cantidad», según indicó a Europa Press el abogado de los afectados, Alejandro Navarro.
Al hilo de esto, indicó que la situación de sus patrocinados ante la demolición de sus propiedades es en la actualidad «delicada» ya que las circunstancias apuntan a que es «complicado que puedan cobrar» ya que, según explicó, la sentencia solo señala como responsable civil al constructor, quien fue condenado como autor de un delito contra la ordenación del territorio a 11 meses de cárcel e inhabilitación especial para profesión u oficio de promotor por otros seis meses.
Los compradores desconocían la situación de ilegalidad
Las dos viviendas unifamiliares, según remarcó en mayo de 2012 el tribunal de la Sección Segunda, fueron vendidas, mediante contrato privado que fue elevado a escritura pública, a residentes ingleses «que desconocían cual era la situación» de dichos inmuebles, construidos sin licencia municipal de obras sobre suelo no urbanizable.
La notificación de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunicaba que la demolición daba cumplimiento a una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que «interesa de forma expresa» que se «proceda a ejecutar la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden».
Por su parte, la consejera andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, en una reciente visita a Almería señaló que no «había otra acción que poder hacer» en referencia a estas dos demoliciones y remarcó que la Junta, quien dio inicio al procedimiento penal, tiene que hacer «cumplir la sentencia, nos guste más o menos».
Reacciones políticas
El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, manifestó este martes que su partido impulsará una proposición no de ley que llevará al Congreso y a la Cámara andaluza para instar al Gobierno un cambio normativo que impida el derribo de viviendas ilegales hasta que los propietarios de las mismas, demostrados compradores de buena fe ajenos a su construcción, no sean indemnizados.
Según Teruel, a través de un cambio en el Código Penal se daría respuesta a lo que los afectados «han venido reclamando y con los que compartimos su posición», en cuanto a que «no se pueda llevar a cabo una demolición si antes no se ha dado al tercero de buena fe que adquirió la vivienda, y que tiene que acatar la demolición, la indemnización que le corresponde».
Reiteró que «todos tenemos deberes y responsabilidades» por lo que «el Gobierno de la Junta está cumpliendo con su deber con la modificación de la LOUA» para evitar más casos como estos, si bien en las viviendas afectadas con proceso judicial en marcha «la modificación normativa en el ámbito estatal sería solución magnífica» ante una «absoluta injusticia social».
Por otro lado, el vicepresidente de la Diputación Provincial y secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García, señaló el «perjuicio» que puede crearse para «cualquier inversor o persona interesada en comprar» en Almería, «donde siempre se tiran las casas» cuando existen «13.000 en situación irregular frente a las 300.000 en toda Andalucía». García, consideró que «la imagen dada no beneficia desde luego los intereses de la provincia». «No me gusta que seamos otra vez portada de periódicos internacionales por la inseguridad jurídica generada», concluyó.
Las máquinas comenzaron los trabajos al mediodía del martes bajo la mirada de políticos, medios de comunicación y ciudadanos contrarios a la decisión de la Audiencia Provincial. En el momento del derribo, los inmuebles no estaban habitados. «No contaban con enseres domésticos, estaban completamente desmantelados, sin puertas, sin ventanas y sin instalaciones», según explicaron desde la dirección del proyecto de demolición. Las casas obtuvieron en su día agua y luz por mediación del ex alcalde de Cantoria «otra irregularidad más», según las mismas fuentes, puesto que las edificaciones se hicieron en terreno rústico no urbanizable, «sin proyecto y con una calidad pésima en sus materiales».
Las mismas fuentes apuntaron que las viviendas se podrían haber legalizado amparándose en la reforma de la LOUA, si bien cuestionaron la impunidad de la que pueden beneficiarse aquellos, políticos y constructores, que han cometido delitos urbanísticos. «A un niño que se porta mal, se le avisa de que no lo haga. Si repite ese comportamiento, qué hacemos al final, le castigamos, o le damos la palmadita y lo dejamos pasar».
Cabe recordar que la demolición de estas viviendas forma parte del tenor de la sentencia de mayo de 2012 que condenó al ex alcalde de Cantoria, Pedro Llamas, a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación por falsedad en documento público «con sello oficial» del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas construidas en suelo no urbanizable y también condenado por omisión del deber de perseguir delito, por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad. También se impuso pena al promotor, al que se declaró responsable civil.
El derribo concluyó sin incidentes, a pesar de que hasta el lugar se desplazaron numerosas personas pro legalización. «No ha habido incidentes, a pesar de que esperábamos cierta hostilidad, nadie ha opuesto resistencia y no ha habido violencia alguna contra los trabajadores», explicaron desde la empresa encargada de la demolición.
Por su parte, el abogado de los perjudicados pidió a la Audiencia Provincial la paralización del derribo por «razones humanitarias», ya que ninguno de los propietarios ha percibido la indemnización fijada por vía judicial en más de 789.000 euros por ser compradores de buena fe.
Asimismo, la portavoz de la asociación «Abusos Urbanísticos Almanzora-No» (AUAN), que agrupa a la mayoría de los dueños de las 13.000 viviendas fuera de ordenación que se contabilizan en la provincia almeriense, Maura Hillen, calificó la jornada como «de vergüenza para el Estado español» que, según remarcó, «permite el derribo de la propiedad de ciudadanos que compraron de buena fe y que no han recibido aún indemnización».
Hillen aseguró que la medida ha generado «miedo y mucha incertidumbre» en los socios de AUAN inmersos como terceros perjudicados en procedimientos penales por delitos contra la ordenación del territorio y ha criticado que en el ámbito político «se nos dé esperanzas para luego proceder así». «No necesitamos más promesas de los gobiernos sino que necesitamos un cambio en el Código Penal para garantizar que no se demuele si el perjudicado no ha recibido la indemnización», ha remarcado.
Según explicó a Europa Press el asesor legal de AUAN, Gerardo Vázquez, la jornada se desarrolló en un contexto de tranquilidad ya que desde la asociación han decidido «no manifestarnos más y actuar para pedir realidades» y subrayó el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora que, con su presidente, Ramón Salas, leyó un manifiesto dirigido a la Junta de Andalucía en el que destacaban que «este no es el camino» y abogaban «por el respeto a los derechos humanos».
Vázquez, quien definió como «un clamor social» la repercusión que las demoliciones están teniendo en el Valle del Almanzora y en el Reino Unido, de donde proceden la mayoría de los afectados, reclamó que se «resuelva el problema de una vez sin medias tintas» y advertió del «goteo de demoliciones y desprestigio para España como lugar seguro para invertir» si no se adoptan «soluciones radicales».
Demolición prevista en 2013
El derribo de estas edificaciones fue paralizado por el Ayuntamiento de Cantoria en octubre de 2013 después de que sí se llevase a cabo la demolición de otras dos, levantadas en el mismo tiempo y por idéntico promotor en la parcela colindante, en cumplimiento de esta misma sentencia, que condenaba al constructor a indemnizar a los compradores de buena fe.
Para paralizar e incoar a un expediente administrativo sancionador contra la Junta de Andalucía por la demolición de estas otras dos edificaciones el Consistorio alegó que no constaba la existencia de un «documento técnico de derribo» que «garantizase la seguridad tanto de operarios como transeúntes» ni una «declaración de innecesariedad de licencia» municipal para esta actuación. La orden se revocó tres semanas después cuando la Junta llevó a la Fiscalía la actuación municipal.
Una vez la sentencia ejecutada este martes devino en firme, se fijó la responsabilidad civil en 789.000 euros pero, que desde ese momento de la ejecución del fallo, «no se ha producido ningún movimiento ni se ha consignado ninguna cantidad», según indicó a Europa Press el abogado de los afectados, Alejandro Navarro.
Al hilo de esto, indicó que la situación de sus patrocinados ante la demolición de sus propiedades es en la actualidad «delicada» ya que las circunstancias apuntan a que es «complicado que puedan cobrar» ya que, según explicó, la sentencia solo señala como responsable civil al constructor, quien fue condenado como autor de un delito contra la ordenación del territorio a 11 meses de cárcel e inhabilitación especial para profesión u oficio de promotor por otros seis meses.
Los compradores desconocían la situación de ilegalidad
Las dos viviendas unifamiliares, según remarcó en mayo de 2012 el tribunal de la Sección Segunda, fueron vendidas, mediante contrato privado que fue elevado a escritura pública, a residentes ingleses «que desconocían cual era la situación» de dichos inmuebles, construidos sin licencia municipal de obras sobre suelo no urbanizable.
La notificación de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunicaba que la demolición daba cumplimiento a una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que «interesa de forma expresa» que se «proceda a ejecutar la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden».
Por su parte, la consejera andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, en una reciente visita a Almería señaló que no «había otra acción que poder hacer» en referencia a estas dos demoliciones y remarcó que la Junta, quien dio inicio al procedimiento penal, tiene que hacer «cumplir la sentencia, nos guste más o menos».
Reacciones políticas
El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, manifestó este martes que su partido impulsará una proposición no de ley que llevará al Congreso y a la Cámara andaluza para instar al Gobierno un cambio normativo que impida el derribo de viviendas ilegales hasta que los propietarios de las mismas, demostrados compradores de buena fe ajenos a su construcción, no sean indemnizados.
Según Teruel, a través de un cambio en el Código Penal se daría respuesta a lo que los afectados «han venido reclamando y con los que compartimos su posición», en cuanto a que «no se pueda llevar a cabo una demolición si antes no se ha dado al tercero de buena fe que adquirió la vivienda, y que tiene que acatar la demolición, la indemnización que le corresponde».
Reiteró que «todos tenemos deberes y responsabilidades» por lo que «el Gobierno de la Junta está cumpliendo con su deber con la modificación de la LOUA» para evitar más casos como estos, si bien en las viviendas afectadas con proceso judicial en marcha «la modificación normativa en el ámbito estatal sería solución magnífica» ante una «absoluta injusticia social».
Por otro lado, el vicepresidente de la Diputación Provincial y secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García, señaló el «perjuicio» que puede crearse para «cualquier inversor o persona interesada en comprar» en Almería, «donde siempre se tiran las casas» cuando existen «13.000 en situación irregular frente a las 300.000 en toda Andalucía». García, consideró que «la imagen dada no beneficia desde luego los intereses de la provincia». «No me gusta que seamos otra vez portada de periódicos internacionales por la inseguridad jurídica generada», concluyó.
