Los afectados por abusos urbanísticos solicitan la modificación del Código Penal

Ante el «daño social y económico que causa en compradores de buena fe» la demolición de sus viviendas, y las dificultades para cobrar las indemnizaciones decretadas por los tribunales


José Pascual Pozo (corbata azul), decano del Colegio de Abogados de Almería, moderará la mesa redonda.
EUROPA PRESS / 11·11·2014

Las asociaciones AUAN y SOHA, que representan a propietarios —en su mayoría extranjeros— de viviendas construidas fuera de ordenación en Almería y Málaga, han reclamado un cambio en el Código Penal ante el «daño social y económico que causa en compradores de buena fe» la demolición de sus casas, una resolución que suele dictarse en los procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio.

La demanda se produce días después de que se haya conocido que el próximo día 18 la Junta de Andalucía, en cumplimiento de una sentencia firme, demolerá en Cantoria las viviendas de dos familias británicas que las adquirieron «sin tener conocimiento» de su situación irregular, y que aún no han recibido la indemnización que fijó para ellas el tribunal.

Así lo va a trasladar el asesor jurídico de ambos colectivos, el letrado Gerardo Vázquez, en una mesa redonda sobre La problemática de las viviendas incursas en procedimientos judiciales de carácter penal y sus consecuencias, que se celebra este martes en el Colegio Oficial de Abogados de Almería.

Vázquez ha expresado en un comunicado la «necesidad» de modificar el Código penal para «garantizar una justa y una efectiva indemnización» a los compradores «de buena fe», y ha denunciado que, en las causas por delitos contra la ordenación del territorio, «la mayor pena actualmente la paga la víctima».

«La víctima que ha comprado de buena fe, puede verse, y de hecho se ha visto, ante la tesitura de que se le tira su casa y queda sin dinero y sin casa, pues el promotor responsable del delito suele encontrarse la mayoría de las veces en una situación de insolvencia, y sólo suele pagar una multa de unos pocos miles de euros», ha asegurado.

Para el letrado, este hecho es «materialmente injusto», y requiere un nuevo abordaje que, según ha explicado, tratará «en la mesa redonda».

El acto forma parte de una serie impulsada por los colegios oficiales de abogados y arquitectos de Almería, y que tuvo su primer capítulo el pasado día 28, con la asistencia de unas 200 personas a una reunión que giró sobre la perspectivas de regularización de las viviendas fuera de ordenación en Andalucía, tras la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) anunciada por el Gobierno andaluz y los dos años de vigencia del decreto de 2012.

Esta nueva mesa, que girará sobre la demolición de viviendas en vía penal, será moderada por el decano del Colegio de Almería, José Pascual Pozo; y contará con la presencia de la presidente de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina; el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos; el juez Decano, Luis Columna; y el decano del Colegio de Arquitectos De Almería, Javier Hidalgo.

También asistirán a la reunión el abogado y representante de las asociaciones AUAN y SOHA, Gerardo Vázquez; el presidente de la Mancomunidad de municipios del Valle del Almanzora, Antonio Salas; y la secretaria del Ayuntamiento de Albox y experta en asuntos urbanísticos, Eva Cano.