La Junta anuncia la demolición de dos viviendas en Cantoria

Las casas fueron compradas por dos familias británicas «que desconocían cual era la situación» de las mismas


Derribo de la vivienda de la familia Prior, en enero de 2008 (Vera). | Imagen: Actualidad Almanzora.

ALMERÍA HOY / 05·11·2014

La Junta de Andalucía ha anunciado el derribo de dos viviendas unifamiliares en el paraje Las Terreras, en Cantoria. Dichas viviendas, propiedad de ciudadanos británicos, fueron construidas sobre suelo considerado no urbanizable, y serán demolidas el próximo día 18 en ejecución de una sentencia —por la que se inhabilitó y obligó a dejar el cargo al anterior alcalde, Pedro Llamas— de la Audiencia Provincial de Almería.

Se trata de las dos edificaciones cuyo derribo ya fue paralizado por el Ayuntamiento de Cantoria en octubre de 2013, después de que, en cumplimiento de la misma sentencia, se tirasen abajo otras dos viviendas colindantes a éstas, y que habían sido construidas por el mismo promotor.

La notificación remitida al Ayuntamiento de Cantoria fija para el día 18, a las 12:00 horas, la demolición de los inmuebles, cuyo coste correrá a cargo del promotor, también condenado, y cita al Consistorio a una reunión previa para coordinar la actuación.

Las dos viviendas unifamiliares, según subrayó en su sentencia de mayo de 2012 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, fueron vendidas a familias inglesas «que desconocían cual era la situación» de dichos inmuebles.

En la notificación, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunica que da cumplimiento a una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que «interesa de forma expresa» que se «proceda a ejecutar la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden».

Cabe recordar que en 2013 el Ayuntamiento paralizó el derribo y resolvió que se incoara un expediente administrativo sancionador contra la Junta de Andalucía por la demolición de las otras dos edificaciones, alegando que no constaba la existencia de un «documento técnico de derribo» que garantizase «la seguridad» de operarios y transeúntes, ni una «declaración de innecesariedad de licencia» municipal para esta actuación.

La Junta de Andalucía había ejecutado subsidiariamente el derribo de dos de las cuatro casas tras comunicar un plazo de dos meses a sus propietarios en el que podían retirar sus enseres y pertenencias.

Las demoliciones provocaron entonces la movilización de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), que agrupa a familias cuyas viviendas fueron construidas fuera de ordenación; y la Diputación Provincial de Almería alertó de la preocupación manifestada por los turoperadores ante el deterioro de la imagen de Almería como destino de turismo residencial.

Como resultado del proceso judicial, el exalcalde de Cantoria fue condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito «con sello oficial» del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable, así como por no haber denunciado estas edificaciones, ni incoado expediente sancionador o de restauración de la legalidad.