El cambio de la LOUA no regularizará inmuebles en zonas inundables y de especial protección o con expedientes abiertos
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| Asistentes al debate organizado por los Colegios de Abogados y Arquitectos de Almería |
ALMERÍA HOY / 29·10·2014
Almería es la provincia andaluza que más ha avanzado a la hora de completar los trámites necesarios para el desarrollo del Decreto 2/2012 de Regularización de Viviendas Ilegales de Andalucía. Así, un total de 82 municipios almerienses ya han superado la primera fase de la norma y están por tanto en condiciones de que el Decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en su territorio.
Estos datos los aportó la secretaria general de Ordenación del Territorio y Cambio Climático, Nieves Masegosa, en su intervención en una mesa redonda organizada este martes por los colegios oficiales de Abogados y Arquitectos de Almería, en la que se debatió acerca de La problemática de las viviendas ilegales en Andalucía y las perspectivas de su regularización a la luz de la nueva normativa.
La representante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio señaló que el decreto se encuentra en su primera fase de tramitación, y que son los ayuntamientos «los que deben impulsarlo, puesto que son ellos los que tienen que poner en marcha el proceso para que el resto de la norma se pueda aplicar».
Masegosa informó además de los principales detalles del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia (LOUA) aprobado recientemente por Consejo de Gobierno, e insistió en que los cambios de los artículos 68.2, 183.3 y el 185.2, de dicha Ley «no supondrá una amnistía general» que permita regularizar edificaciones situadas en zonas inundables y de especial protección o que tengan abiertos expedientes administrativos o penales.
En este sentido, el objetivo de la modificación es «regularizar viviendas residencia-les aisladas construidas de manera irregular en suelo no urbanizable y para las cuales ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística», según la secretaria general. Lo que pretende el Gobierno andaluz es «dar seguridad jurídica a miles de familias, que de esta forma podrán acceder a servicios básicos de luz y agua e inscribir sus viviendas en el Registro de la Propiedad», remarcó. Es decir, se trata de detectar la tipología de construcciones existentes que se encuentran «en un callejón sin salida y de aplicar unas respuestas nuevas, con el fin de aportar certi-dumbre a los propietarios que hasta hoy viven en la inseguridad».
Garantías a los propietarios
De esta manera, se pretende garantizar a los propietarios que el uso de sus viviendas se lleve a cabo en «las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y habitabili-dad, así como posibilitar la adopción de medidas correctoras que permitan eliminar el impacto negativo de estas edificaciones sobre el medio ambiente», apostilló.
La modificación legislativa permitirá separar la imprescriptibilidad de los actos de par-celación de la prescripción de la construcción, de manera que para la restitución de la parcelación no deban ser demolidas las viviendas para las que se haya transcurri-do ya el plazo de seis años fijado para el ejercicio de las acciones disciplinarias. De este modo, podrán ser reconocidas con el régimen de asimilado a fuera de ordenación.
Estos datos los aportó la secretaria general de Ordenación del Territorio y Cambio Climático, Nieves Masegosa, en su intervención en una mesa redonda organizada este martes por los colegios oficiales de Abogados y Arquitectos de Almería, en la que se debatió acerca de La problemática de las viviendas ilegales en Andalucía y las perspectivas de su regularización a la luz de la nueva normativa.
La representante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio señaló que el decreto se encuentra en su primera fase de tramitación, y que son los ayuntamientos «los que deben impulsarlo, puesto que son ellos los que tienen que poner en marcha el proceso para que el resto de la norma se pueda aplicar».
Masegosa informó además de los principales detalles del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia (LOUA) aprobado recientemente por Consejo de Gobierno, e insistió en que los cambios de los artículos 68.2, 183.3 y el 185.2, de dicha Ley «no supondrá una amnistía general» que permita regularizar edificaciones situadas en zonas inundables y de especial protección o que tengan abiertos expedientes administrativos o penales.
En este sentido, el objetivo de la modificación es «regularizar viviendas residencia-les aisladas construidas de manera irregular en suelo no urbanizable y para las cuales ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística», según la secretaria general. Lo que pretende el Gobierno andaluz es «dar seguridad jurídica a miles de familias, que de esta forma podrán acceder a servicios básicos de luz y agua e inscribir sus viviendas en el Registro de la Propiedad», remarcó. Es decir, se trata de detectar la tipología de construcciones existentes que se encuentran «en un callejón sin salida y de aplicar unas respuestas nuevas, con el fin de aportar certi-dumbre a los propietarios que hasta hoy viven en la inseguridad».
Garantías a los propietarios
De esta manera, se pretende garantizar a los propietarios que el uso de sus viviendas se lleve a cabo en «las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y habitabili-dad, así como posibilitar la adopción de medidas correctoras que permitan eliminar el impacto negativo de estas edificaciones sobre el medio ambiente», apostilló.
La modificación legislativa permitirá separar la imprescriptibilidad de los actos de par-celación de la prescripción de la construcción, de manera que para la restitución de la parcelación no deban ser demolidas las viviendas para las que se haya transcurri-do ya el plazo de seis años fijado para el ejercicio de las acciones disciplinarias. De este modo, podrán ser reconocidas con el régimen de asimilado a fuera de ordenación.
